Lavado de dinero se nutre de corrupción

Alfredo Schramm @aschramm

El informe de estrategia de la oficina de narcóticos del Departamento de Estado dio a conocer su último reporte -de marzo de 2017- sobre actividades ilícitas y su vinculación con el lavado de dinero, reportado en US$ 1.200 millones por las autoridades locales.

Sin grandes cambios de contexto y al igual que en el dossier del año pasado, destaca que Paraguay sigue siendo un centro de lavado de dinero con recursos provenientes del narcotráfico, contrabando de cigarrillos y otras actividades ilícitas a través de entidades financieras no bancarias, es decir, principalmente a través de casas de cambio, situadas en Ciudad del Este y otras ciudades fronterizas.

No hace mención a ninguna empresa en particular, pero no es secreto que una de las compañías del Grupo Cartes -de la familia del presidente de la República- está entre las tabacaleras que más producen en el país.

La respuesta por parte de la empresa sobre este tema de larga data siempre fue la misma: que no son responsables de la distribución.

‘‘Los cigarrillos producidos en Paraguay son objeto de contrabando a través de las fronteras, principalmente a Brasil, Argentina y Uruguay. El contrabando de cigarrillos se utiliza para el lavado de dinero y la cadena de suministro de cigarrillos enriquece las organizaciones criminales y los funcionarios corruptos’’, señala el documento en relación a este negocio.

En este contexto no deja de ser llamativo que la Embajada estadounidense en el país haya emitido un comunicado pidiendo que se respeten las instituciones y que el proceso de enmienda para habilitar a Cartes a continuar en el poder sea ‘‘transparente’’, recientemente.

Cabe recordar que Paraguay no tiene un sector offshore. La autoridad portuaria es la que gestiona los puertos de libre comercio y almacenes en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.

Tampoco existe un sistema eficiente de trazabilidad, aunque se haya aprobado una ley para el efecto.

BLANQUEO

‘‘Los avances en la lucha contra el blanqueo de dinero se ven obstaculizados por la corrupción generalizada, la burocracia y el temor a represalias contra las autoridades reguladoras y supervisoras’’, describe otro fragmento del mismo informe.

La legislación paraguaya abarca a las personas jurídicas y prevé la debida diligencia para las PEP. (Personas Expuestas Políticamente) susceptibles de enmascarar maniobras de lavado de dinero, tráfico de influencias o financiamiento de actividades terroristas.

En este sentido, vale recordar la cercanía entre el titular de Diputados, Hugo Velázquez, Ricardo Galeano y su socio, Walid Amine Sweid, quienes son investigados como parte de la estructura de un supuesto esquema de más de 20 empresas que serían de maletín, creadas para evadir al Fisco y lavar dinero que investiga la Fiscalía.

En su momento, el político desmintió el vínculo, pero aparece en una fotografía con los mencionados, publicada por el diario Última Hora.

Tras las publicaciones el Gobierno pasó a retiro al embajador paraguayo en Líbano, Hassan Khalil, quien también aparecía en la fotografía.

SEGUIMIENTO

‘‘Es difícil hacer un seguimiento de la eficacia en la aplicación de su régimen ALD (régimen de referencia antilavado) debido a la falta de datos centralizados, continúa describiendo el dossier, que también habla sobre la situación en otros países.

El informe completo está en https://www.state.gov/documents/organization/268024.pdf

Los puntos con leve mejora.

Aunque el enfoque de Paraguay para mejorar la implementación de AML (prevención de blanqueo de capitales) es desigual, el país sigue adoptando medidas para aplicar la Convención de 1988 sobre las drogas de las Naciones Unidas y las normas internacionales. Mientras que el país tenía menos enjuiciamientos por lavado de dinero en 2016 (tres, en comparación con siete en 2015), es importante señalar que el número de condenas aumentó (cinco, en comparación con 2015). También ven como positivo que Tributación ejecutó órdenes de registro por uno de los mayores blanqueos de dinero de la historia por US$ 1.200 millones a fines del año pasado.

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